Autenticación y firmas electrónicas

 ¿Qué dice?

1. Las Partes no negarán la validez legal de un servicio de autenticación electrónica únicamente por el hecho de que el servicio sea en forma electrónica.
2. Ninguna de las Partes adoptará ni mantendrá medidas que regulen los servicios de confianza y autenticación electrónica que prohíban a las partes de una transacción electrónica determinar mutuamente los métodos electrónicos apropiados para su transacción; o impedir a las partes de una transacción electrónica tener la oportunidad de establecer ante autoridades judiciales o administrativas que su transacción electrónica cumple con los requisitos legales respecto a la confianza.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte puede requerir que, para una categoría particular de transacciones, el método de autenticación cumpla con ciertos estándares de rendimiento o sea certificado por una autoridad acreditada de acuerdo con su ley. Tales requisitos serán objetivos, transparentes y no discriminatorios y se relacionarán únicamente con las características específicas de la categoría de transacciones en cuestión.

¿Qué implica esto?

Esta cláusula es un ataque a la seguridad de los ciudadanos y consumidores

Los sistemas de autenticación y firma electrónica, aunque bastante confiables, no son inmunes a ataques y hackeos.

De hecho, la fe ciega en los sistemas informáticos, que los ve como neutrales, confiables, seguros y rápidos, es lo que ha llevado a que estas tecnologías comiencen a operar en una amplia gama de esferas de la sociedad, incluso cuando no son recomendadas por especialistas, como en el caso de la votación electrónica.

En muchos casos, una firma electrónica puede no ser segura. Debería existir una vía de escape que permita al estado regular qué tipos de contratos y acuerdos no pueden hacer uso de documentos, firmas o sellos electrónicos. Asimismo, existen diferentes estándares de seguridad. El mundo de la informática puede implementar medidas de seguridad extremadamente difíciles de romper, pero también pueden existir estándares laxos que son fácilmente eludibles. Usualmente –aunque no siempre–, una mayor seguridad implica un costo más alto.